La juez Benito reclama medios para combatir la corrupción

La juez decana de Iruñea, Mari Paz Benito, que investiga las denuncias por la gestión de la CAN, ha afirmado que son los juzgados los que deben luchar contra la corrupción y que esta labor requiere disponer de medios tanto técnicos como humanos.

NAIZ.INFO|IRUÑEA|2013/02/07|0 iruzkin

«Vemos día a día cómo van aflorando los casos de corrupción. Ya no se trata de una cuestión que afecta a unos pocos. Son decenas o cientos los juzgados de España que están conociendo temas relacionados con la corrupción y los delitos económicos», ha dicho Benito en declaraciones a Efe con motivo de la huelga de jueces y fiscales convocada para el día 20.

La también titular del juzgado de Instrucción 3 de Iruñea, encargado de las denuncias sobre Caja Navarra, ha apuntado que en estas circunstancias, cuando a la cantidad de casos de corrupción que afloran hay que sumar la dificultad de los mismos, muchas veces con cuentas en el extranjero, tramas financieras y sociedades interpuestas que si siguen la vía ordinaria tardan años en llegar a juicio.

Se trata de casos que exigen «rigor por la importancia de la materia y por la transcendencia que tiene» y eso hace necesario que el juez puede tener «una dedicación casi exclusiva» a diferencia de lo que ahora sucede, «que sigue llevando todas las causas de su juzgado», entre 6.000 y 8.000 al año en los de Instrucción, ha explicado.

Y ha agregado que lo que piden es «que se arbitren medidas para que ese juez pueda dedicarse en exclusiva» a atender estos casos de corrupción y que, además, cuente para ello «con una verdadera policía judicial que dependa del juez y no pueda recibir directrices de nadie más, y con un cuerpo de peritos económicos independientes para agilizar estas causas».

Unas demandas que la juez decana de Iruñea considera que «es de dudar» que al poder político le interese atender a pesar de que «los ciudadanos vemos día a día todas las causas de corrupción que afloran y escuchamos cómo se habla de un pacto contra la corrupción y oímos declaraciones de buena voluntad».

La razón de sus dudas es que «contra la corrupción se lucha en los juzgados», es «la única manera de luchar contra ella», ha destacado, y ha añadido que para lograrlo «tiene que haber medios, pero el problema evidente es quién nos dota a los juzgados de medios».

No es esta, sin embargo, la única dificultad que ha citado Mari Paz Benito. Partidaria de que ya en setiembre los jueces hubieran decidido ir a una huelga quizá indefinida, ahora ha apoyado la convocada para el día 20 después de distintas medidas de presión escalonadas y «ante la imposibilidad de hablar» no solo con el ministro español de Justicia sino también con Mariano Rajoy, «que no ha hecho ningún caso, ni siquiera ha contestado».

Tras criticar a un Ministerio que funciona «a hechos consumados», Benito ha afirmaod que los jueces tienen sobrados motivos para esta protesta, desde la subida de tasas judiciales que deben pagar los ciudadanos a la reforma el Registro Civil para traspasar sus funciones al de la Propiedad, «una privatización que supondrá pagar aranceles» por trámites hasta ahora gratuitos.

Pero como causa especial del malestar la juez decana de Iruñea, ha señalado la reforma planteada por Ruiz Gallardón para el Consejo General del Poder Judicial «en la que lo que está detrás de forma bastante evidente es un intento de control por parte del poder político».

En este sentido, Benito señala que «si se eliminan los jueces sustitutos, mil en toda España y fundamentales cuando no se cubren o no se crean adecuadamente las plazas que se necesitan», los titulares deberán absorber todo la carga de trabajo, y pese a ello «el Ministerio dice que no nos preocupemos porque se va reducir la litigiosidad».

Un binomio que, en su opinión, significa «imponer unas tasas que hagan imposible acceder a la justicia», algo que «no se puede pretender» cuando la Constitución española recoge «el de la tutela judicial efectiva y uno de sus aspectos es el derecho de los ciudadanos a poder acceder a los tribunales».

Un derecho, según asevera, que «no se puede limitar por temas económicos» como tampoco «el derecho a una respuesta rápida, eficaz, razonada, de calidad y por supuesto independiente y ajena a cualquier tipo de interferencia del poder ejecutivo».

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