El Consejo español de Ministros ha aprobado un decreto ley de «medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo», que endurece la jubilación parcial elevando los años para poder acceder a ella, así como los que habrá que tener cotizados.

El decreto también hace más duro el acceso a la jubilación anticipada, ya que fija que la edad para retirarse anticipadamente será dos años inferior a la legal que exista (65 años y un mes en 2013) y que en 2027 debe situarse, de forma progresiva, en 67 años. Mientras que esa elevación será progresiva, lo que no lo será es la exigencia de, una vez entrado en vigor el decreto, tener 33 años cotizados.

Además, el Gobierno del PP ha endurecido el acceso al subsidio para las personas mayores de 55 años y ha establecido que para cobrarlo no se tendrán en cuenta como hasta ahora solo las rentas del beneficiarios sino las de la unidad familiar.

Así, se considerará que existe carencia de renta cuando esta no supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (641,30 euros para 2013) excluida la parte de las pagas extraordinarias.

La medida no afectará a quienes estén cobrando el subsidio en la actualidad y solo se aplicará a las nuevas solicitudes. El Ejecutivo español ha excluido del plan a los desempleados que convivan con sus padres si éstos tienen ingresos suficientes, según la ley, para mantener a toda la familia. La legislación vigente considera que son ingresos suficientes 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar.

El Ejecutivo español ha aprobado, asimismo, que cualquier trabajador puedan compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia o ajena, si bien los funcionarios públicos solo podrán seguir trabajando en el sector privado.

Según el decreto ley, el trabajo será compatible con la pensión «ordinaria o demorada», es decir, no con la anticipada ni bonificada por trabajos penosos o tóxicos.

Para acceder a esta modalidad, el trabajador debe haber cumplido la edad ordinaria de jubilación y se restringe a quienes tengan derecho a la pensión completa.

«Envejecimiento activo»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con esta reforma se pretende «avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones, impulsar el envejecimiento activo, y luchar contra la discriminación por razón de edad en el empleo».

Ha defendido que el sistema de pensiones se enfrenta a retos «importantes» porque cada vez hay un mayor número de pensionistas que cobran durante más tiempo y pensiones más elevadas, por lo que hay que adaptar este modelo a una nueva legislación «para asegurar su viabilidad en el futuro».

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha querido lanzar un «mensaje de tranquilidad» a la ciudadanía y ha dicho que el pago de las pensiones está garantizado y que el sistema tiene unos «cimientos sólidos» pero es necesario avanzar en su sostenibilidad.