Personalidades vascas de diferentes ámbitos, en este caso juristas, académicos y profesionales de la información, han comparecido en rueda de prensa para mostrar su apoyo a los cuarenta ciudadanos vascos encausados en el macrosumario de las ‘herriko tabernas’, cuyo juicio arrancará el próximo mes de octubre.

Varios de los firmantes del documento, entre ellos los abogados Félix Cañada, Txema Montero y Nazario Oleaga, junto al catedrático de Ciencia Política jubilado, Pedro Ibarra, el profesor universitario de Derecho Penal, Rafa Sainz de Rozas, y el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, han presentado en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia el manifiesto en el que, además, solicitan que desaparezca de «todos» los procesos judiciales la aplicación del principio conocido como ‘Derecho Penal del Enemigo’.

Entre los firmanes figuran también personas como Mariano Ferrer, Xabier Ezeizabarrena, Maddalen Iriarte, Mirentxu Purroy o Ramón Zallo. Todos ellos denuncian que el presente macrosumario es un proceso penal «exclusivamente soportado en especulaciones e hipótesis alimentadas por informes policiales, que se pretenden elevar al nivel de pruebas periciales sin comprobación fáctica alguna». Es decir, considerar como pruebas «unos imaginativos informes policiales, carentes de imparcialidad y objetividad», una técnica que ya se empleó en procesos contra ‘Egunkaria’ y Udalbiltza.

Consideran que este macrosumario «contiene el mismo concepto expansivo de organziación terrorista que en los sumarios de ‘Egunkaria’ y 18/98 llevó a afirmaciones aberrantes tales como que la promoción del euskara fuera de las instituciones públicas se hacía siguiendo a las instrucciones de ETA, con lo que los dirigentes de la primera fueron acusados de pertenencia a banda armada».

El proceso que sentará en el banquillo de los acusados el próximo otoño a cuarenta personas «es un nuevo juicio político». «Se pretende procesar a militantes y simpatizantes de una ideología sin que concrete un solo acto de relaciones con ETA o de financiación de la misma», han censurado.

En ese sentido, consideran que en el Derecho Penal de países democráticos no sería de recibo un sumario así porque «se suelen juzgar hechos concretos, tipificados penalmente, y no meras sospechas». Su finalidad, según han denunciado, no es otra que «atacar una opción e ideas políticas».

«El sumario 35/02 es un disparate desde su inicio», han dicho tajantes ante la prensa y en el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria la califican como «error, desfase y un obstáculo para la construcción de una convivencia democrática». «Como juicio político es un ataque a todos los que en la sociedad vasca de hoy están a favor de construir sobre bases democráticas unos espacios de convivencia con respeto del pluralismo».

Es por ello que han lanzado una invitación a las gentes de todas las ideologías y opciones políticas a que «unáis vuestra voz a las nuestras» para exigir que el caso sea sobreseído, en un juicio «cuya causa nunca se debió iniciar». «Que ya no se celebren más juicios políticos solo útiles a los enemigos de la paz, que desaparezca de la vida judicial la aplicación del ‘derecho penal del enemigo’ que solo hace daño a la imparcialidad de la justicia; que se respeten el pluralismo político y los derechos fundamentales de asociación, de libertad ideológica y de expresión; y que se sienten las bases de una convivencia democrática», han solicitado.