El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) destaca en su informe de fiscalización de la cuenta general de la Diputación de Gipuzkoa de 2011 la «falta de información suficiente» de la sociedad Etorlur para poder «verificar el valor de las existencias en curso por valor de 33,1 millones de euros».

Asegura que esa cuantía de dinero figura en el balance de situación al cierre del ejercicio, de conformidad con su valor neto realizable, pero sin que existe «información suficiente» para atestiguarlo.

«Considerando que las existencias se refieren a terrenos para la construcción de viviendas y, dada la evolución del mercado inmobiliario, la depreciación de las mismas puede ser significativa», advierte.

El de 2011 fue el último en el que el Gobierno foral del PNV que presidió Markel Olano estuvo al frente de Etorlur, sobre la que el actual Ejecutivo de Bildu ha decidido analizar «las posibles responsabilidades» de los anteriores directivos en la gestión de esta empresa porque, según ha denunciado, acumula 20 millones de euros de pérdidas desde su constitución.

Bidegi eludió requisitos de adjudicación

Por lo que se refiere a su actividad económico financiera, el informe del TVCP asegura que la Diputación cumplió «razonablemente» la normativa en ese periodo, aunque con «salvedades», como una indemnización por valor de 14.807 euros abonadas a tres personas que mantenían contratos de alta dirección con esta sociedad pública «a la rescisión de los mismos».

Destaca además la «relativa falta de publicidad comunitaria de la licitación» en cinco contratos de Bidegi por un importe total de 14,9 millones de euros.

Bidegi contrató servicios de asesoramiento por 689.252 euros mediante el procedimiento de contrato menor, «eludiendo los requisitos relativos a la publicidad y al procedimiento de adjudicación», el mismo sistema que utilizó Lurraldebus para contratar dos suministros por 353.514 euros.

Contratos sin licencias

De Etorlur, dice que contrató un servicio y dos obras por 1,4 millones sin publicidad y adjudicó un contrato de servicios por 212.400 euros antes de obtener las licencias necesarias.

Añade que, vencido el plazo de ejecución en este último caso, «seguía sin iniciarse la prestación, sin que se hubiera levantado la preceptiva acta de suspensión o se hubieran formalizado prórrogas o aplazamientos».