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Roldán sobre la tortura: «¿Alguien se cree que declaran lo que declaran sin coacciones?»

El que fuera delegado del Gobierno español en Nafarroa, director de la Guardia Civil después y condenado por corrupción Luis Roldán declara en una entrevista que durante la detención de militantes de ETA «ha habido golpes» y «presiones físicas que no dejan huella». «¿Alguien se cree que declaran lo que declaran sin coacciones?» se pregunta al justificar el uso de la tortura.

Imagen de archivo de una protesta contra la tortura. (ARGAZKI PRESS)
Imagen de archivo de una protesta contra la tortura. (ARGAZKI PRESS)

‘El País’ ha publicado una extensa entrevista con Luis Roldán, delegado del Gobierno español en Nafarroa entre 1982 y 1986, después nombrado director general de la Guardia Civil y condenado posteriormente a 31 años de prisión por corrupción.

A la pregunta sobre si existía la tortura durante la etapa en la que representaba al Gobierno español en la Comunidad Foral, Roldán responde que «si no somos hipócritas, uno tiene que entender que si detienes a un señor que ha matado a 23 personas y lo interrogas confiesa, ¿qué es lo que le ha hecho confesar? Ha habido golpes, presiones físicas que no dejan huella, pero que puedes pensar que se producen». Prosigue su argumento con una pregunta, «¿Alguien cree que declaran lo que declaran sin coacciones?».

El periodista le interpela si justifica la tortura, y esta su respuesta: «¿Cuántas vidas se han salvado por confesiones de detenidos que han sido sometidos a tortura?». Roldán añade que habla de «vidas concretas». Ante la insistencia del periodista sobre el uso de la tortura concluye que «desde un punto de vista intelectual» no lo comparte pero que «ante la tesitura de torturar a alguien cuya declaración puede salvar la vida de alguien» él «diría que sí».

En la misma entrevista afirma, también, que su primer «sobresueldo» lo recibió mientras era delegado del Gobierno español en Nafarroa, que fueron seis millones de pesetas y que al igual que él, cobraban los tres gobernadores civiles en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, además de los gobernadores en Madrid y Barcelona.