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La Ertzaintza ejecuta el desahucio de tres familias en Bilbo

La Ertzaintza ha ejecutado el desahucio de tres familias en Bilbo, que han recibido el apoyo de decenas de personas que se han congregado frente al edificio para exigir el derecho a una vivienda.

Una de las mujeres desahuciadas agradece el apoyo recibido a los congregados. (Marisol RAMIREZ/ARGAZKI PRESS)
Una de las mujeres desahuciadas agradece el apoyo recibido a los congregados. (Marisol RAMIREZ/ARGAZKI PRESS)

Decenas de personas han acudido a la zona de San Francisco, en Bilbo, donde la Ertzaintza ha ejecutado desahucio de tres familias.

Los vecinos y personas solidarias con los afectados han intentado evitar a través de la presión social la expulsión de sus casas. La Ertzaintza ha movilizado a dos furgonetas y una patrulla en la zona, donde ha desplegado un fuerte dispositivo.

La Policía autonómica ha acordonado la zona y ha desplazado del lugar a las personas que se manifestaban en contra del desahucio.

El abogado de las tres familias, Patxi de la Fuente, ha relatado que se han vivido momentos «muy tensos» durante la protesta, que ha finalizado con una persona imputada por «concentración ilegal» y «desordenes públicos»

En el momento del desalojo, solo una de las familias se encontraba en el piso, ya que las otras dos ya habían buscado otra residencia donde realojarse.

Sin embargo, la tercera familia ha continuado pagando el alquiler hasta el mes de mayo, con la confianza de que no se ejecutase el desahucio, pero finalmente ha sido realojada en una de las viviendas del Ayuntamiento de Bilbo, ha explicado el abogado.

De la Fuente ha criticado que el servicio de mediación municipal no haya actuado antes para impedir el episodio de hoy.

«Nos parece vergonzoso que actúen de esta manera porque esto se podría haber evitado. Hasta que no ven a la gente en la calle no hacen nada», ha insistido De la Fuente.

Las familias han estado arrendadas desde 2011 con un contrato de cinco años que «han cumplido correctamente».

Hace un año, se les comunicó que, cuando los contratos de estas viviendas fueron realizados con la empresa Proinsuco S.L., esta ya no era propietaria, por lo que el juez los invalidó.

El dueño actual es el Banco Popular, con quien los desahuciados han intentado negociar un nuevo contrato de arrendamiento sin éxito, ha añadido el abogado.