Representantes de la Plataforma Vasca de la Querella contra los Crímenes del Franquismo se han reunido en el Palacio de Justicia de Bilbo con Calparsoro para pedir que «se cumpla la Ley» de Memoria Histórica ante «las dificultades y problemas que están surgiendo» a la hora de materializarla.

La reunión había sido solicitada por la plataforma hace dos meses, pero se había retrasado por la visita de la juez argentina María Servini de Cubria para tomar testimonio a víctimas del franquismo personadas en el proceso abierto en Buenos Aires que, por su edad o condiciones, no podían viajar para prestar declaración o trasladarse a un consulado de Argentina.

La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires se encarga de la investigación por crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977.

En declaraciones a Europa Press, el Fiscal Superior de la CAV, Juan Calparsoro, ha afirmado que existen «dificultades objetivas» en las investigaciones o los sobreseimientos que han existido en los juzgados a los que se han remitido los casos posteriormente.

Juan Calparsoro ha recordado que a Bilbo llegó un caso de fusilamiento en Derio y también existen otros casos en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia relacionados con torturas, desapariciones o ejecuciones, que estarían vinculados con el exinspector Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, o el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, que está investigando Servini.

Tras recordar que la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional española rechazó sus extradiciones, aunque el proceso sigue abierto en Argentina, ha recordado que el Ministerio Público indicó que las víctimas o los querellantes tenían que «dirigirse a los juzgados en los que se produjeron los hechos».

Calparsoro ha asegurado que estudiará las peticiones que le realiza la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo. En cuanto al tema de las fosas y exhumaciones, ha asegurado que, «si se encuentran los lugares en los que se produjeron esos supuestos enterramientos de personas desaparecidas, fusiladas y asesinadas, se pueden abrir», y es favorable a que el Ministerio Público se persone.

En este sentido, ha destacado que ha incorporado un informe a la Memoria de la Fiscalía para que esta «se pueda personar físicamente en los casos en los que se vaya a abrir alguna fosa cuando se haya detectado».

Según ha asegurado, ese informe deriva de una visita que hicieron el año pasado representantes de un comité de la convención internacional de Naciones Unidas «para la lucha contra las desapariciones forzadas» y que solicitaron «que se adoptasen medidas para facilitar este tipo de investigaciones».

A su juicio, los tribunales «pueden hacer cosas» en estas indagaciones, «por lo menos recogerlas y ordenarlas, llegado el caso». Además, ha señalado que también deben implicarse las diferentes administraciones y organismos. «Aquí también el Gobierno Vasco, en concreto la dirección de derechos humanos, está comprometida con este tema», ha apuntado.

Miles de desaparecidos

Por su parte, Eduardo González, uno de los representantes de la Plataforma Vasca de la Querella contra los Crímenes del Franquismo que se ha reunido con el Fiscal Superior, ha señalado, antes del encuentro, que su pretensión era analizar la cuestión jurídica de este asunto, «el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, las resoluciones del Parlamento de Gasteiz y todo el tema de la querella argentina».

A su juicio, se están produciendo «incumplimientos o retrasos» y no se les están «tomando con la seriedad que se debiera». «¿Hay voluntad? queremos suponer que sí, pero no se están poniendo los medios, no se están viendo realizaciones y eso es lo que queremos asegurarnos», ha indicado.

En este sentido, ha precisado que les puede apoyar el Fiscal Superior de la CAV, pero también se podría conformar «una comisión de seguimiento para que se cumpla lo que está decretado y establecido».

En su opinión, se tienen que cumplir la Ley y las diferentes resoluciones en el sentido de que se retiren los símbolos franquistas, se hagan trabajos de la memoria y se aborde el tema de las fosas, «que también es importante».

González ha denunciado que, cuando se hacen exhumaciones a día de hoy, «no hay presencia del órgano judicial, se sacan los cuerpos y son los forenses» y diversas organizaciones las que realizan el trabajo.

«No hay presencia judicial. Sabemos que está todo el tema de la amnistía del 77, pero eso no quita para que quede constancia de que ahí se ha levantado un cuerpo, que en la mayoría de los casos tienen signos de que han sido violentados o asesinados porque hay agujeros de balas o evidencias suficientes para decir que fueron asesinados», ha aseverado.

Eduardo González ha recordado que en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia han muerto más de cien mil personas en la guerra «y hay miles y miles desaparecidos y torturados». «Hay desde niños desaparecidos, torturados, prisioneros que estuvieron de esclavos y gente que militaba políticamente que acabó en la cárcel», ha indicado.