Uno de los principales impulsores de la teoría del «todo es ETA», el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, defendió ayer que la organización armada y el Gobierno español «continúen dando pasos» para encontrar «un punto de equilibrio y unión» desde el que «hablen» para lograr un escenario «de paz». Así lo expresó durante su intervención en un acto de la Plataforma por la Comisión de la Verdadad para los crímenes del franquismo que se desarrolló en el Ateneo de Madrid y en el que se presentó la visita que esta misma semana realizará al Estado español Pablo Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Sobre la posibilidad de que esa misma fórmula, la de una Comisión de la Verdad, pudiese ser empleada para evaluar la violencia política ocurrida en Euskal Herria, el magistrado consideró que «todavía» no es el momento, ya que «estamos en una fase de acción de la Justicia». Se refería, obviamente, a las víctimas de las acciones de ETA. Sobre quienes padecieron la violencia del Estado, Garzón se limitó a considerar que «se han dado avances importantes» como la ponencia del Parlamento de Gasteiz.

«Si me preguntan mi opinión, si en este momento es necesaria como otros elementos de justicia transicional en el País Vasco, diría que, en este momento, todavía no», respondió Garzón a preguntas de la prensa. Un planteamiento que no cierra la puerta a que, en un futuro, pueda ponerse en marcha un mecanismo auspiciado por la ONU que valore la violencia política ejercida tanto por ETA como por el Estado. Hacia el contexto actual, el juez, actualmente suspendido por orden del Tribunal Supremo español, sí que concedió que «puede haber mecanismos de verdad que sean complementarios a la acción de la Justicia», sin especificar cuáles.

Los temas para el relator

En este ámbito, reconoció que el relator de Naciones Unidas no hablará únicamente sobre los crímenes del franquismo en la visita que inicia hoy al Estado español. «Sin lugar a dudas, no solo va a hablar los derechos de las víctimas de los crímenes franquistas», indicó, sino «también sobre el trabajo de esclavos, la tortura, la situación de la violencia en España y si se cumplen esas garantías (de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición)». «Va a oir a las más diversas entidades y asociaciones para llevarse una idea de cómo está la situación en España». Cabe recordar que un informe elaborado en noviembre por el Comité contra la Desaparición Forzosa de la ONU ya abogó por la consitución de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas y daba un plazo de un años al Gobierno de Mariano Rajoy para implicarse en la búsqueda de las víctimas y adecuar la actual detención incomunicada a las normas que rigen el convenio sobre desapariciones forzosas.

En su intervención, Garzón recordó el trato diferenciado que han recibido las víctimas del franquismo y las de ETA. «Sigue habiendo víctimas de diferentes categorías», reiteró, instando a estas últimas a «reconocer» que quienes sufrieron la violencia del franquismo «siguen esperando verdad, justicia y reparación». En esta línea, lamentó que el Estado no haya «sido capaz de definir la marca España desde el respeto a los Derechos Humanos con indepedencia de quién sean las víctimas».

«Todas las puertas están cerradas para las víctimas del franquismo y todas están abiertas para las de la violencia política», afirmó el exmagistrado estrella. Una referencia centrada las relacionadas con acciones de ETA pero que deja fuera a las 474 víctimas mortales y más de 10.000 denuncias de torturas registradas por la Fundación Euskal Memoria. Siguiendo en esta misma línea, abogó porque las víctimas del franquismo sean incluidas en el proyecto de Estatuto que se debate actualmente en el Congreso español.

Sobre las víctimas de la violencia provocada por el conflicto no se extendió tanto. Afirmó que se han registrado «avances» como la ponencia del Parlamento de Gasteiz y reiteró la importancia de las «indemnizaciones». Un escaso bagaje que defender dentro de un acto en el que, previamente, una carta de Federico Mayor Zaragoza había denunciado la «impunidad» de la que todavía gozan los responsables de la represión durante la dictadura franquista.

«Que hablen»

El cese definitivo de ETA y el inmovilismo del Gobierno español también fue analizado por el juez que encabezó la supresión de los derechos civiles y políticos para decenas de miles de ciudadanos vascos durante la última década. Reconoció no disponer de toda la inormación y consideró que la falta de transparencia también puede ser una opción de cara a un proceso resolutivo. Sin embargo, valoró positivamente la decisión de ETA de «abandonar la lucha armada y cualquier tipo de lucha que conlleve el ejercicio de la violencia». Aunque también pidió «más pasos», sin especificar cuáles. Un emplazamiento que el juez hizo extensivo al Gobierno de Mariano Rajoy. A ambos les instó a «encontrar ese punto de equilibrio, ese punto de unión, en el que hablen y, partiendo de la protección de las víctimas, consigan un cese definitivo de la violencia y un espacio de paz».

Al margen de cuestiones relacionadas con Euskal Herria, Garzón acudió ayer al Ateneo para apoyar, junto a Cristina Almeida, a la Plataforma por la Comisión de la Verdad de los crímenes del franquismo de cara a la visita del relator que se inicia hoy. Greiff permanecerá en el Estado hasta el 31 de enero y está previsto que el miércoles mantenga un encuentro con representantes de las víctimas de la dictadura. La plataforma (que hace un mes solicitó un encuentro con Rajoy sin recibir respuesta) recordó que el Estado es una «excepción» en Europa en la que ni siquiera se cumple la legislación internacional en materia de Derechos Humanos para resarcir a quienes padecieron la represión de la dictadura.