Mucha gente piensa que la nueva estrategia de la izquierda abertzale tiene como origen la derrota militar de ETA, que sería consecuencia de una deriva de la organización armada, que sufrió una crisis interna en el contexto del anterior proceso. Con mayor o menor conocimiento, rigor y criterio, muchos sitúan esta crisis en el contexto de los acuerdos de Loiola. Probablemente es demasiado pronto para atinar en un diagnóstico así, pero además resulta, como mínimo, una visión reduccionista y poco explicativa del cambio operado en la línea estratégica de ese movimiento político. Hay otros elementos políticos que, por ser más estructurales, pueden ayudar a entender mejor cómo se ha llegado hasta aquí.

España, los mandatarios españoles, no cumplen sus acuerdos. Si alguien debería ser consciente de esto es el PNV, que lleva más de tres décadas renegociando un Estatuto que deviene directamente de la Constitución española, que es sagrada en todo menos en esto -o si la Troika pide que se cambie de hoy para mañana-. El origen del proceso independentista catalán, resumiendo mucho, es básicamente la ruptura permanente por parte de Madrid de todo acuerdo posible. Por lo tanto, ya volviendo al momento que algunos consideran el origen de imágenes como la del inventariado y sellado de arsenales por parte de ETA y la CIV, los mandatarios españoles bien podían haber firmado en Loiola una autonomía a siete con derecho a decidir y el «Eusko Gudariak» como himno. No pensaban cumplirlo. Tan sencillo de entender y tan difícil de asimilar. La alternativa a esta explicación, que tampoco tiene por qué ser incompatible con ella, es que la violencia sí fuese una palanca para lograr objetivos políticos, en la medida en que en aquel contexto se llegó a acuerdos que muchos de los implicados consideraban que recogían una visión ponderada y ecuánime de cómo desarrollar una convivencia democrática y una paz justa. Es cierto que ese momento ya pasó, pero si esos acuerdos representaban una suerte de lugar común desde el que construir entre todos una nueva fase política, y si el único elemento que ha cambiado desde entonces es el cese de ETA, no se entiende por qué el PSE reniega de aquellos compromisos. Solo puede ser porque ahora no sienten la necesidad de adoptar esa clase de acuerdos, por mucho que no los fuesen a cumplir, y/o porque en su momento el factor de la violencia política les empujó a apoyarlos.

Cambiar esquemas para mantener el rumbo

Todo ello no es óbice para pensar que ese u otro acuerdo es deseable y positivo, en tanto en cuanto responde a un equilibrio de las fuerzas más representativas del país y, si se logra implementarlo y convertirlo en bandera social común, puede ser válido para desarrollar una estrategia eficaz hacia objetivos legítimos y democráticos.

La cuestión es que muchos consideran la actual estrategia de los independentistas de izquierda, y en concreto la idea de unilateralidad, bien una forma elegante de denominar lo que en el fondo no es sino una rendición o bien una travesía quizá necesaria pero a poder ser corta para llegar de nuevo a un proceso bilateral. Y es posible, incluso probable, que en un momento dado se den esa clase de acuerdos. Sería deseable no ya que fuesen bilaterales, sino a poder ser multilaterales, teniendo en cuenta la pluralidad del país. Parece evidente que por el momento eso solo será posible si se es capaz de acumular fuerzas en torno a estrategias comunes con liderazgos compartidos entre quienes demandan derechos humanos, la resolución del conflicto y la paz. Ese frente democrático debe seguir abierto a todo aquel que adopte como máxima la idea de «todos los derechos para todas las personas». Si algo ha quedado demostrado en los anteriores procesos es que los acuerdos entre representantes, por sí mismos, no son suficientemente sólidos y eso indica que habrá que intentar invertir el proceso. Es decir, será la sociedad, si se logra posicionarla, articularla y movilizarla en torno a esos principios democráticos básicos, la que forzará acuerdos entre los representantes, no al contrario.

Por todo ello, frente a esquemas del pasado de bilateralidad desequilibrada, pactos entre «élites» e implementación subordinada a intereses partidistas, es momento de llevar hasta sus últimas consecuencias la unilateralidad, hacerlo dirigiéndose a la sociedad en un modelo en el que todo el mundo gane y buscar el apoyo internacional a demandas legítimas. Empezando por la paz, quizás. Frente al falso esquema de vencedores y vencidos, hay que sostener el planteamiento del logro colectivo, y en esa senda la unilateralidad no es un mal menor, es un instrumento desequilibrante y válido que hay que saber manejar. Los intentos de bloqueo pretenden dificultar esto.

Los verificadores han señalado que el proceso de normalización vasco es insólito tanto por la cerrazón de los Gobiernos de Madrid y París como por la postura proactiva de ETA. En cierto sentido ambos utilizan la unilateralidad, solo que en sentido inverso. Es lógico en tanto en cuanto responden a sociedades diferentes y, en consecuencia, cada vez más diferentes. He ahí una de las claves.

Entre tanto, un delirio que obliga a responder

La citación de los miembros de la CIV por parte de la Audiencia Nacional es, sencillamente, delirante. Ha humillado, para empezar, a aquellos que pretendieron ridiculizar el acto de sellado de armas y, sin duda, dejará atónitos a los miembros de la comunidad internacional que tienen relación con los miembros de la CIV.

Poco cabe añadir. Tan solo que las instituciones vascas, con el lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza, deben salir al paso de este despropósito y poner pie en pared. Deben reaccionar no solo discretamente, sino públicamente, ante un ataque semejante a personas que se han implicado honestamente para lograr una paz justa y duradera en Euskal Herria. La respuesta debe ser contundente y debe reunir a todos los que han sido testigos y valoran la labor de la CIV. Es responsabilidad de todos los representantes vascos, y así cabe exigírselo.