Pese a las evidentes dudas sobre la constitucionalidad de la medida, reconocidas incluso por el PSOE, la reforma introducida en diciembre por PP y UPyD vía presupuestos se está ya implantando, según ha podido constatar GARA. Presos vascos excarcelados desde este mes de enero están viendo denegadas las solicitudes del subsidio de excarcelación que se percibe sin interrupción hace muchísimos años, como una forma de ayudar a la inserción social de cualquier persona que sale de la cárcel y carece de recursos.

El montante es escaso: en la actualidad, la ayuda asciende a 426 euros que se cobran durante un plazo máximo de dieciocho meses. Sin embargo, supone un cierto alivio para que estas personas puedan «llevar al menos algo de dinero en el bolsillo», explica uno de ellos.

Esta nueva vuelta de tuerca partió de un globo sonda lanzado por UPyD como reacción vengativa a la sentencia de Estrasburgo que ordenó la excarcelación de decenas de presos vascos. El PP abrazó la idea enseguida, aunque las dudas sobre la constitucionalidad son evidentes, especialmente dado que la denegación solo afecta a personas que han estado presas por delitos muy concretos, como «terrorismo» y «pederastia».

Todo ello se terminó canalizando a través de una enmienda a los presupuestos para 2014 que a su vez altera la normativa de la Seguridad Social, de cuya caja salen estas ayudas. Por lo tanto, tiene efectos desde enero de este año.

Constitucionalidad a debate

¿Es constitucional que las ayudas se nieguen solo a estas personas cuando la propia norma básica española establece que todos los delitos quedan purgados a la conclusión de la condena? ¿Y cuando en el caso de los vascos, además, esta pena se agota de forma completa e incluso con prórroga ilegal como demostró el Tribunal Europeo? El propio ministro de Interior ha tenido que salir al paso: «Esto no atenta contra el artículo 25 de la Constitución. Se trata de evitar una situación tan injusta y que genera tanto rechazo. En sus años de cárcel, estas personas no han mostrado la mínima voluntad de reeducación y reinserción social. Está justificado que no tengan esas prestaciones no contributivas», asegura Jorge Fernández Díaz.

Pero resulta significativo que el PSOE no se sumara a esta reforma. Para su diputado José Ignacio Sánchez, «va en contra de la Constitución. Son personas que ya han cumplido con su pena y desde el punto de vista penal están en paz». Feliu-Joan Gullaumes i Ràfols (CiU) sostuvo en el debate que «es un subsidio previsto para todos los delitos, y esto afecta a asesinos y violadores». Y Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, destacó que «la ley debe ser igual para todos».

El litigio, por tanto, bien pudiera acabar en el Tribunal Constitucional, pero ello no supondría una solución a corto plazo para las personas expresas privadas de la ayuda. Al máximo tribunal español suele costarle años decidir sobre estas materias. Y además, en paralelo PP y UPyD intentan blindar otros puntos del entramado legal para garantizar que estas medidas de venganza se materialicen hasta el final. Así, plantean que Hacienda pueda embargar directamente cualquier ingreso social de expresos que no hayan satisfecho las responsabilidades civiles impuestas en las condenas.