El cómputo de presos vascos desde 1968 muestra que solo a finales del año 1977, tras la Ley de Amnistía, las cárceles quedaron vacías. Y no por mucho tiempo, ya que desde la salida del último hasta la entrada del primero de la nueva fase no transcurrió siquiera un mes. A partir de entonces, el número de presos vascos iría aumentando hasta superar los 750 en 2008 y 2009. En estos momentos, por primera vez en los últimos catorce años, el número de miembros del EPPK encarcelados en los estados español y francés es inferior a 500, como consecuencia de un lento descenso, puntualmente acelerado por la sentencia de Estrasburgo pero también amenazado por numerosos procesos pendientes.

Sin duda, que la cifra baje es positivo; pero, casi dos años y medio después del cese definitivo de la lucha armada de ETA, ni la existencia de esa cantidad de prisioneros vascos ni las condiciones en que se encuentran se pueden considerar datos positivos. No son positivos porque reflejan un caso que no tiene parangón en Europa y contradicen el estándar de los numerosos procesos de paz exitosos en todo el planeta, en los que la resolución de la situación de los presos ha sido un factor de primer orden. Y sobre todo no son positivos porque tras los fríos números se acumula el enorme sufrimiento de mucha gente. No solo el de los miles de vascos que están o han estado encarcelados, sino también el de sus círculos de allegados. Un sufrimiento multiplicado tremendamente, consecuencia de políticas de excepción.

Cuando la sociedad vasca y la mayoría de de los agentes políticos y sociales apuestan y trabajan por la resolución, nada menos que 496 personas añaden a la prisión el alejamiento, el abandono sanitario y un sinfín de arbitrariedades. Son vulneraciones que atacan también a su entorno: padres de avanzada edad que no pueden ver a sus hijos, niños de corta edad que han de recorrer cientos de kilómetros para ver a su madre o su padre, todos aquellos que en cada viaje ponen su vida en peligro... También de esas situaciones hay datos, estremecedores. Y todo ello configura un problema que no es de 496 personas ni de 496 familias, sino de una sociedad entera.