Javier Enériz compareció ayer en el Parlamento para informar sobre una recomendación dirigida por la institución que preside al Gobierno navarro tras la queja de un ciudadano por la valoración que se dio al inglés en unas convocatorias de puestos de trabajo para técnico y gestor de Hacienda, en las que no se valoró el euskara. Como resumió la agencia Efe, el Defensor del Pueblo sostuvo que las administraciones navarras no pueden promocionar con carácter general un idioma extranjero y al mismo tiempo «olvidar» uno propio.

Apeló, incluso, a la Constitución española, que establece que «las diversas modalidades lingüísticas que tiene España, entre ellas el euskera, deben ser objeto de un especial respeto y protección». Por lo tanto, «cuando aparezca como oficial en un territorio, si va a ser valorada tiene que serlo cuando lo sea con otra lengua», aclaró.

«No es un planteamiento político», aseguró Enériz en declaraciones a los periodistas en las que indicó que «también lo ha dicho» el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.

Añadió que, si bien en algunos puestos, por ejemplo en turismo, se puede «exigir» el conocimiento del inglés, «con carácter general no se puede promocionar» una lengua extranjera y «olvidarse» de la que supone una riqueza, un patrimonio cultural, y está constitucionalmente protegida. «O se valoran las dos lenguas o ninguna», insistió. Una recomendación que ya ha remitido al Gobierno de UPN aunque todavía no conoce su opinión porque no ha vencido el plazo de dos meses que tiene el Ejecutivo para emitir una respuesta.

Debate en Gipuzkoa

El debate sobre la actitud con la que las distintas administraciones abordan la normalización del euskara también llegó ayer las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde el director foral de Euskara, Zigor Etxeburua, afirmó que «ha quedado patente que el Estado ha iniciado un impulso político en contra del desarrollo del euskara».

Etxeburua compareció a petición propia, acompañado por el diputado general, Martín Garitano, para informar de los acontecimientos sucedidos a raíz de que el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, denunciara la inclusión de criterios lingüísticos en la contratación pública de la Diputación.