«El 80% de los policías municipales llevamos la grabadora encendida las 24 horas por miedo al jefe», denunció ayer Unai Lerga, secretario general del sindicato Sppme en Nafarroa y agente de la Policía Municipal de Iruñea. Tras la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Polo, por conducir ebrio, la situación se ha hecho insoportable dentro de la comisaría de Monasterio de Iratxe, con interrogatorios, presiones, amenazas y cinco expedientes abiertos en menos de diez días.

Ayer, el Sppme convocó a los medios para explicarles la delicada situación. Un representante del sindicato a nivel estatal, José Guillermo Rubio, acudió a la capital navarra a defender a sus afiliados y manifestar su apoyo «total y absoluto» a las denuncias que están lanzando sus delegados. A su juicio, la situación en Iruñea es muy grave. Rubio habló directamente de casos de «partidismo» en la dirección del cuerpo policial, así como de unas «maneras un tanto dictatoriales».

Lo que está ocurriendo en Iruñea no tiene parangón con ninguna otra ciudad del Estado, en palabras del sindicato. Por ofrecer un dato, el Sppme tiene más de 5.000 afiliados y en Nafarroa son un centenar. Pese a ello, más de la mitad de los agentes expedientados pertenecen a la Policía Municipal de Iruñea. «Nosotros no vivimos de subvenciones, sino que nos mantenemos de las cuotas. Hay dinero y vamos a ir hasta el final, hasta donde haga falta», manifestó Rubio.

Actualmente, el jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría, está inmerso en varias causas respaldadas por el sindicato. Por un lado, recibió una denuncia por acoso laboral que presentó una agente. En segundo lugar, se han abierto diligencias por una segunda denuncia, donde el Sppme acumuló todas las irregularidades cometidas por Santamaría y la cúpula del cuerpo en los últimos años, lo que ha conllevado su imputación por siete delitos distintos como amenazas, abuso de poder o falsedades, entre otros. En último lugar, ha aparecido el «caso Polo», donde se investiga un eventual trato de favor al concejal dimisionario y que se inició tras una denuncia conjunta de los sindicatos policiales Sppme y APM, así como de la UGT. Estas tres centrales suman el apoyo de más del 90% de la plantilla de Policía Municipal. En concreto, lo que se denuncia es un posible «encubrimiento» de un delito contra la seguridad vial (dado que, pese a la elevada tasa de alcoholemia, se ha tramitado la sanción por vía administrativa y no como un delito).

La decisión de acudir a los tribunales por este presunto trato de favor ha enrarecido aún más el irrespirable ambiente de la comisaría. Según explicó Lerga, el absentismo laboral dentro del cuerpo triplica el del resto de áreas del Ayuntamiento en el último estudio y están convencido de que, cuando se vuelvan a elaborar los índices, el porcentaje habrá subido de nuevo. En ese último estudio, el absentismo laboral (en gran parte, producido por bajas por estrés y cuadros de ansiedad) era del 13%, lo que equivale a que, a diario, más de 40 agentes no acuden a trabajar por estar de baja.

En esta situación influyen sobremanera los castigos arbitrarios a los que son sometidos los díscolos. Tras la denuncia a Polo y la filtración de algunos de los datos a la prensa, todos los agentes que se encontraban ese día (el domingo del Aberri Eguna) han tenido que pasar por la sala de interrogatorios, en presencia del propio Santamaría y el grupo de asuntos internos (conocido en la jerga como La Fundición). Por el momento, los únicos que no han pasado por el cuarto son los cinco agentes que participaron físicamente en la actuación contra el edil. De todos modos, esos cinco policías fueron apartados del caso esa misma noche, en una actuación presumiblemente irregular, que es la que ha generado la denuncia de los tres sindicatos.

El fin de la patrulla de motos

En su intervención, Lerga manifestó que la situación actual le recuerda a la que se generó hace dos años, cuando GARA publicó otra presunta actuación corrupta vinculada a Polo. En concreto, se trató de la denuncia contra su hijo, taxista, tras dar positivo en un test por consumo de drogas mientras trabajaba. Esa información que publicó este periódico recogía que, cuando se llevaron detenido al hijo del edil a la comisaría para repetir las pruebas de consumo de droga practicada en la calle, el aparato medidor se averió misteriosamente. Se hizo entonces una petición a la Policía Foral para usar otro aparato similar pero ese también se había estropeado justo esa noche. Finalmente, las muestras (con resultado positivo en THC, cocaína y speed) se tuvieron que enviar a Barcelona.

Santamaría emprendió entonces una búsqueda feroz del autor de la filtración (lo que corrobora la veracidad de lo publicado en este medio) y decidió dar un castigo ejemplarizante a toda la unidad hasta tal punto que la acabó eliminando.

Por eso, Iruñea es la única ciudad del Estado donde no hay una patrulla motorizada. «Desde hace dos años, las motos están en un garaje», denunció Lerga, quien añadió también que, precisamente, el control de la seguridad vial es la competencia más importante que tiene el cuerpo.

El escándalo de las tarjetas

El representante del Sppme que acudió ayer a Iruñea también cuestionó el sistema de tarjetas que se expiden desde Policía Municipal y que permiten a determinados cargos públicos aparcar en cualquier parte, afirmando que en ninguna otra ciudad se emplean estos privilegios y que le parecía «increíble» que se expidan tarjetas «perennes para aparcar en cualquier parte de la ciudad». Precisamente Polo, cuando triplicó la tasa de alcohol, usaba un coche público con una de estas tarjetas (y que acabó accidentado). Ese mismo coche, también fue visto aparcado en plaza de minusválidos.

Desde hace tiempo, buena parte de los agentes de la Policía Municipal multan a coches con tarjeta cuando están mal aparcados, puesto que consideran que ese privilegio se concedió de forma irregular. Las presiones que reciben para cesar en su actitud son muy fuertes, con interrogatorios delante de seis mandos y tratos vejatorios. «A un agente joven se le puso un papel para que firmara un compromiso de no poner nunca una multa a un coche con tarjeta. Él se negó. Entonces, Santamaría dijo que se negaba a firmar igual que los delincuentes».

El Sppme afirmó que varias de las actuaciones reveladas ayer se han incluido a las demandas ya presentadas, realizando escritos ampliatorios.