El 26 de agosto del pasado año, el trabajador madrileño José María Castillo Alonso, de 44 años de edad, falleció en las obras de la «Y vasca». Conducía una máquina perforadora que remolcaba un compresor de 6,5 toneladas. Tras haber realizado unos trabajos en el tramo Bergara-Antzuola, los empleados estaban procediendo a trasladar la maquinara por una pista hasta el lugar en el que sería cargada en camiones para su traslado por carretera.

La velocidad de conducción de la perforadora era de 2 km/h. Pese a ello, tras salir de una curva, el operario perdió el control de la máquina, avanzó en línea recta unos cuarenta metros y acabó saliéndose de la vía hacia la derecha y chocando contra el terreno. Tras el impacto, la perforadora giró bruscamente, al igual que el compresor que remolcaba, que atropelló al trabajador, que se encontraba ya en el suelo, causándole la muerte.

Como viene haciendo en los accidentes laborales con víctimas mortales que se producen en las obras públicas, EH Bildu solicitó que se remitiera al Parlamento el informe de Osalan relativo a la muerte de José María Castillo. Del análisis de todos los datos estudiados, se concluye -como recoge la Inspección de Trabajo- que «el fabricante no prevé el uso de la perforadora para remolcar nada». Pese a ello, era lo que se hacía habitualmente para bajar el compresor desde el punto de trabajo hasta dónde pudiera ser cargado en un camión.

«Contradiciendo los manuales»

Durante la investigación del accidente, Osalan constató que el manual de instrucciones de la perforadora que se le había dado al trabajador no correspondía a la máquina que utilizaba, sino a otra del mismo modelo pero cuatro años más moderna y con pequeñas diferencias. El manual de instrucciones del equipo de trabajo que empleaba realmente el accidentado no está disponible en castellano; únicamente había una copia en alemán.

Una vez traducido el manual de instrucciones durante la investigación del accidente, Osalan señala -y así lo recoge el informe de la Inspección de Trabajo- que el fabricante no prevé el uso de la perforadora para remolcar ninguna otra máquina. Explica que, «haciendo una interpretación más laxa» del texto, «podría llegarse a la conclusión de que solo en posición de trabajo» podría acoplarse a otro equipo de trabajo pero, en cualquier caso, con un peso que no llegara a las 4 toneladas, cuando el compresor pesaba 6,5.

Además de que la perforadora no debía haber remolcado nunca el compresor, el enganche de ambas máquinas se hizo de manera incorrecta, a distinta altura de la prevista. El manual del compresor establece que es preciso comprobar que el ángulo con el vehículo de transporte, no debe superar los 10 grados. En este caso también se incumplía con esta obligación.

Osalan concluye que el trabajo se realizó contradiciendo varios puntos de los manuales de instrucciones y especifica que, en caso de duda, siempre «debería haberse descartado el remolque» del compresor.

«No era la primera vez»

Sin embargo, de las declaraciones recabadas, lo de remolcar el compresor con la máquina perforadora «no es la primera vez que se hacía», siendo un procedimiento conocido por la empresa y los trabajadores.

La hipótesis más razonable del accidente, según Osalan, es que el remolcar un compresor de semejante peso, y que al no respetar los ángulos de enganche estaría soportando un desequilibrio de carga entre los ejes, «podría haber provocado una acción en la parte posterior de la perforadora, no prevista por el fabricante». Esa sobrecarga contribuyó a que la máquina perforadora no pudiera frenar debidamente.

El informe también baraja que la frenada se hubiera podido ver influida por carencias en el mantenimiento de las cadenas de la oruga, pero señala que este punto no es verificable porque el manual del fabricante no da las instrucciones necesarias y en el momento del accidente estaban «parcialmente colmatadas de Barro».

Osalan también constata que la empresa propietaria de la perforadora -que había sido alquilada por la del obrero fallecido- «no tenía modo de confirmar que el mantenimiento preventivo se realizaba de la manera indicada por el fabricante del equipo, ya que el dispositivo que cuenta las horas de uso estaba inutilizado».

La empresa Cimentaciones Singulares SA, para la que trabajaba el fallecido José María Castillo, era una subcontrata de una subcontrata. La UTE Bergara-Antzuola, compuesta por FCC, DC y Lurgoien, subcontrató a Geotécnica y Cimientos SA para la ejecución de «drenes californianos». Esta empresa, a su vez, contrató a la del trabajador afectado para efectuar las «perforaciones para la introducción de los drenes». Y la maquinaria fue alquilada a Ecorent Alquiler de Maquinaria SL.

Denuncia de falta de seguridad

La muerte de José María Castillo fue la sexta que se produjo en la obras de la «Y vasca» y los sindicatos revelaron las prisas existentes para avanzar en el tramo guipuzcoano, dependiente del Gobierno de Lakua.

Este pasado domingo, Igor San José, responsable de construcción de ELA, relataba en GARA el cúmulo de irregularidades que se están produciendo en las obras de la «Y vasca», con situaciones de «explotación laboral y salarios un 70% inferiores a los fijados por el convenio de la construcción de Gipuzkoa».

San José denunciaba que a la pasividad del Gobierno de Lakua a la hora de garantizar la seguridad de los trabajadores se le une la inacción de la Inspección de Trabajo, que ni siquiera inicia los trámites y gestiones habituales para resolver las denuncias interpuestas.

Tampoco se está permitiendo -pese a ser incluso una petición parlamentaria- el acceso de representantes sindicales a las obras.

Explosivos quemados a mano

Cabe destacar, como exponente de la absoluta falta de seguridad de algunos trabajos, el caso desvelado por GARA el pasado 11 de mayo. El obrero ucraniano Mykola Vyschenkyy resultó muerto y el búlgaro Dragomiv Yordanov gravemente herido el 9 de diciembre de 2010 por destruir el explosivo echando los cartuchos uno a uno al fuego desde unos seis metros cuando debían estar a cuatrocientos. Carecían de formación, nadie les dirigía y «se hacía siempre igual», según la declaración de Yordanov en un juzgado de Gasteiz a la que tuvo acceso este diario.

El trabajador búlgaro explicó que «no tenía carnet de artillero y era necesario para realizar la labor», añadiendo que consiguió dicho documento «tres meses después del accidente».

La empresa Hergon, para la que trabajaba, no constaba inscrita como habilitada para la ejecución de voladuras especiales, ni su póliza de responsabilidad civil incluía las voladuras u otros trabajos que estuvieran relacionados con estas.