La cooperación para el desarrollo se encuentra en en Euskal Herria en una encrucijada. Frente a la apuesta que realiza EH Bildu por una política pública transformadora, centrada en el empoderamiento de las poblaciones y en la justicia social, el panorama que ofrecen el resto de fuerzas políticas es desolador.

El PNV, tanto en el Gobierno Vasco como en la Diputación de Bizkaia, ha realizado grandes recortes en esta política y la considera un apéndice de su Estrategia Basque Country, que no tiene otro objetivo que fomentar la presencia de empresas vascas en otros países, muchas veces en peores condiciones laborales, fomentando la explotación y la precariedad. Esto tiene, evidentemente, poco que ver con lo que realmente tiene que ser la cooperación para el desarrollo. Para ocultar su proceder, no duda en anunciar su apoyo a grandes intervenciones humanitarias, como hizo en el caso del desastre en Filipinas, aunque luego estas no lleguen a producirse, o en mentir descaradamente, como en el caso de Bizkaia, donde tras aplicar un recorte del 46% no duda en anunciar que este es «el único Territorio Histórico de la Comunidad Autónoma Vasca que mantiene su compromiso con el ámbito de la cooperación».

Otro caso de igual cinismo es el del Partido Popular, cuyas políticas de cooperación en las instituciones que gobierna podrían calificarse de esquizofrénicas o, simplemente, falsas. La Diputación de Araba tiene establecido, por norma foral, que debe destinar el 1% de su presupuesto a la cooperación. Sin embargo, el año pasado únicamente se financiaron seis proyectos por un valor acumulado de 224.557 euros. Más allá del evidente recorte, lo que más llama la atención es la falta de pudor de sus responsables políticos cuando dicen que, debido a la crisis, la Diputación de Araba únicamente es capaz de destinar a la cooperación el 0,7% de su presupuesto, cuando estudios de diferentes ONGD afirman que no llega al 0,2%.

Por su parte, el Partido Socialista de Euskadi, experto en el doble discurso, según se encuentre gobernando o en la oposición, en el caso de la cooperación para el desarrollo no ofrece más que silencio. Resulta llamativo que el oportunismo político que ha ejercido en el pasado se reduzca ahora a la indiferencia; es decir, a una clara actitud de desprecio hacia una política que para este partido no es una prioridad.

Ante este panorama, desde Euskal Herria Bildu estamos defendiendo la política de cooperación para el desarrollo en las instituciones en las que gobernamos, en las que no aplicamos los lamentables recortes en los que las demás fuerzas políticas se afanan.

No obstante, creemos que tan importante como el cuánto es el cómo, de ahí que reivindiquemos la cooperación internacional para el desarrollo como una política pública y social. Es decir, defendemos la cooperación internacional como una política pública más, en la que, además de contar con una financiación pública estable, sea la propia administración la que asuma la responsabilidad de su planificación, gestión, seguimiento y evaluación.

Al contrario del resto de partidos, no consideramos la cooperación como una asistencia benéfica, que deba ser financiada a través de un rastrillo de Navidad, sino que entendemos que se trata de una cuestión de justicia social. De lo contrario estaríamos negando, cínicamente, el origen de nuestra opulencia que, en gran medida, es debida al expolio y la explotación de territorios y cuerpos de los pueblos empobrecidos del sur.

En EH Bildu creemos que la política de cooperación debe estar basada en el concepto ciudadanía universal; es decir, debe considerar a todas las personas sujetos de derechos, independientemente del lugar de origen o residencia. Asimismo, creemos que la política de cooperación debe tener un carácter transformador, y debe estar centrada en la promoción del desarrollo humano sostenible.

En la actualidad existen, tanto a nivel local como global, muchos procesos que exigen nuestra implicación: la lucha por la soberanía alimentaria de las organizaciones campesinas, la articulación de los combativos movimientos feministas, las luchas nacionales saharaui y palestina... En consecuencia, estamos apoyando a ONGD y movimientos sociales que acompañan a estas poblaciones organizadas en lucha por sus derechos individuales y colectivos, prestando especial atención al impulso de la igualdad entre mujeres y hombres.

En definitiva, defendemos un modelo de cooperación que, en coherencia con otras políticas, se convierta en un instrumento del cual la sociedad civil organizada pueda valerse para procurar la emancipación de los pueblos y las personas. Por encima de intereses partidistas y cortoplacistas, ponemos la cooperación al servicio de los movimientos populares y organizaciones sociales, que son los auténticos protagonistas de la transformación social.