El sistema Arkupe contempla la implantación de catorce arcos de control en las carreteras N-I, A-15, N-121 y GI-632, las de gran capacidad. Dichos arcos contarán con sensores que leerán de forma automática las matrículas y facilitarán el cobro mediante un dispositivo "Vía T". Quedarán excluidos del abono los vehículos ligeros de Gipuzkoa, mientras que habrá descuentos para usuarios habituales, de los que podrán beneficiares los conductores de los territorios limítrofes.

Según se ha expuesto en las Juntas, este nuevo modelo aportaría a las arcas forales unos ingresos anuales netos de 10,2 millones de euros anuales, que subirían a 17 millones a partir del octavo ejercicio. Laura Unzueta, responsable de elaborar el informe sobre viabilidad económica, ha puntualizado que para que este balance sea positivo la caída de flujo de tráfico en las citadas vías no puede superar el 35%.

En la comparecencia han reiterado que la puesta en marcha del sistema costará 22.050.000 euros, mientras que se prevén unos ingresos anuales de 38 millones, de los que 26 corresponden a vehículos pesados y 12 a ligeros. Estos datos ya fueron dados a conocer en una rueda de prensa el pasado agosto, cuando Ugarte presentó el informe económico elaborado por la empresa estadounidense Magnolia Financial.

Según ha explicado Iñaki Etxeberria, de la corporación Tecnalia, que ha realizado los informes técnicos de la iniciativa, el sistema de cobro Via T, basado en tecnología DSRC (Dedicated Short Range Communication) está «muy probado» y requiere de menos inversiones que el que utiliza los satélites –GNSS (Global Navigation Satellite System)– que es «más caro», requiere de un dispositivo específico que carecen la mayoría de los vehículos por el momento y es «más intrusivo» en la vida de los ciudadanos.

El ingeniero catalán Carlos Griel, con una dilatada experiencia en la implantación de peajes, ha señalado que el objetivo de estos cobros es que las carreteras no se sufraguen únicamente vía impuestos, sino que los usuarios contribuyan en la financiación. Griel ha hablado de la puesta en marcha de un sistema denominado Fasttrack que detecte a los usuarios que no abonen la cantidad correspondiente.

Precisamente, la «falta de garantías» para cobrar a los camioneros internacionales ha sido una de las críticas formuladas por los grupos de la oposición, que han dudado también de la viabilidad de proyecto ante el temor de que la tecnología por la que apuesta pueda quedar obsoleta en unos cinco años.

La juntera del PNV Aintzane Oiarbide ha subrayado que con este sistema «queda garantizado el control hacia los usuarios guipuzcoanos» pero no de los vehículos internacionales. Eneko Andueza (PSE) se ha pronunciado en una línea similar, mientras que Iñigo Manrique, del PP, ha señalado que la evolución de la tecnología «va a desbordar» el proyecto en cuanto arranque.

Ugarte ha asegurado que el control del fraude está contemplado en el proyecto de norma foral, con sanciones de hasta 100 euros. Respecto a los plazos para presentar el texto, la diputada de Infraestructuras Viarias ha priorizado la necesidad de buscar consensos con el resto de grupos y ha asegurado que Bildu está «abierta a los cambios».