En un escrito remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del tribunal especial –que en agosto del año pasado decretó la libertad condicional para Uribetxebarria–, el fiscal Pedro Rubira reclama una «nueva evaluación» de las circunstancias que concurren en el arrasatearra «pues ya ha sido objeto de un tratamiento específico», por lo que considera que ahora es «necesario recalcular la mediana de supervivencia del penado, para poder comprobar su situación de peligro patente o riesgo inminente para su vida».

Osakidetza remitió la pasada semana un nuevo informe que ya obra en poder de la Audiencia Nacional española y que no arroja mejoría en la situación de Iosu Uribetxebarria.

El documento, que consta de cuatro folios, viene a confirmar las tesis que el centro hospitalario defendió el verano pasado y que propiciaron hace diez meses la concesión de la libertad condicional al arrasatearra. Un informe que fue dado por bueno por Instituciones Penitenciarias.

Sin embargo, la Fiscalía quiere que el nuevo informe lo elabore la médico forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, que en su día dictaminó que el cáncer que padece Uribetxebarria podía ser tratado en prisión y cuya tesis fue avalada por el Colegio de Médicos de Madrid.

Para el fiscal Rubira, que siempre se ha opuesto a poner en libertad del arrasatearra, Uribetxebarria, «entonces y ahora, ni era enfermo en situación terminal, no se encontraba en riesgo de muerte, ni estaba sujeto a un pronóstico de vida tan corto como el que se auguraba, ni la estancia en prisión constituía un peligro patente para su vida».

Cuestiona a los profesionales de Osakidetza

Pone en cuestión la profesionalidad de los profesionales de Osakidetza al calificar de «manifiestamente incongruentes» los informes emitidos por el Hospital Donostia en agosto de 2012 y en julio de este año, de los que, a su juicio, se desprende «una llamativa falta de rigor en cuanto al análisis», además de «una evidente indefinición en cuanto al pronóstico vital» de Uribetxebarria.

«En ninguno de los informes clínicos aportados al procedimiento se recoge la más mínima mención a que el liberado se haya encontrado o se encuentre en peligro claro, notorio y manifiesto para la vida», insiste el fiscal.

En su escrito, sostiene que el informe por el que fue puesto en libertad el año pasado se elaboró calculando el índice que determina la esperanza de vida en los enfermos de cáncer «con inclusión de los síntomas debidos a la huelga de hambre» que mantenía entonces, así como a «los efectos secundarios de la radioterapia».

Por eso, «teniendo en cuenta que esos síntomas son reversibles no cabe sino establecer un nuevo pronóstico más ajustado a la realidad actual», añade.

Para el fiscal, «lo que no se alcanza a entender, y resulta difícilmente inexplicable, es que no haya variado el pronóstico vital», teniendo en cuenta la respuesta del enfermo al tratamiento.

«Nos encontramos, por tanto, ante una afirmación que científicamente no se sostiene, puesto que equivale a negar cualquier posibilidad curativa al tratamiento», reitera Rubira, para quien todo apunta, «para bien del enfermo, que la supervivencia del penado lleva camino de superar todos los registros conocidos».