Los grupos de la oposición han aprobado una moción de reprobación por considerar que en la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento por este asunto se ha demostrado que Maroto «ha mentido reiteradamente en relación al contrato de alquiler» y que «no ha defendido el interés general» de Gasteiz.

PNV, PSE y Bildu han unido sus votos para sacar adelante la reprobación -a la que se ha opuesto el PP-, en la que se critica el «blindaje» del alquiler durante veinte años y en la que se afirma que el comportamiento de Maroto ha sido «opuesto a la debida transparencia».

El pleno también ha aprobado, a instancias del PNV, trasladar el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación al Tribunal de Cuentas, que es el competente en esta materia.

El citado dictamen ha sido aprobado, al igual que lo fue en la comisión, con la oposición del grupo del PP, el respaldo de PNV y PSE y la abstención de la coalición soberanista, que entiende que el texto «se queda corto».

Bildu ha informado, según EFE, de que, como su propuesta de poner este asunto en conocimiento de la Fiscalía no ha salido adelante (ya fue rechazada en la comisión), será el propio grupo político el que reúna la documentación y se la transmita al Fiscal Jefe de Araba, Josu Izaguirre.

El alquiler de los locales de la calle San Antonio se firmó en 2007 cuando Alfonso Alonso ostentaba la alcaldía por un periodo de 20 años y supondrá al Ayuntamiento entre 6 y 7 millones de euros, más del doble de lo que costó el local.

El alquiler se suscribió con una cláusula de blindaje y con una renta que se actualizaba anualmente y que llegó a ser de 9 puntos por encima del IPC. Además, el consistorio fue quien sufragó las obras de acondicionamiento (1,2 millones).

El pasado noviembre Maroto renegoció el contrato y consiguió rebajar el alquiler en un 30%, fijar el precio en el IPC y reducir a 10 los años de vinculación. Sin embargo, la comisión de investigación consideró que al alcalde había negociado con el propietario al crearse este grupo de investigación.