El presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha respondido en el Pleno del Senado a una pregunta del senador del PNV Jokin Bildarratz sobre cuándo su Gobierno va a encomendar a Urquijo la defensa del euskara.

El senador ha indicado que el delegado del Gobierno español en la CAV ha presentado más de quinientos recursos contra las instituciones en los dos años que lleva en su puesto, principalmente contra las corporaciones locales y relacionadas con el uso del euskara.

Las denuncias más recientes han ido dirigidas contra cerca de cuarenta ayuntamientos por sus políticas lingüísticas.

Rajoy ha precisado que Urquijo es un «defensor de la legalidad» y que «la convivencia se mantiene también con la ley».

Ha recordado que el Estatuto de Gernika, así como otras normas, «garantizan el uso del euskera, pero también del castellano», y «sostienen que nadie puede ser discriminado por razón de la lengua».

A su juicio, ello se incumple con las decisiones de algunos ayuntamientos, que es «lo que trata de evitar» el delegado del Gobierno español y ha descartado que haya «ataques, agresiones o falta de respeto» a las leyes o al uso del euskara.

Rajoy ha precisado que «lo que sí hay es una defensa de los derechos que tienen los ciudadanos reconocidos por las leyes» y que, «cuando se ven perjudicados, alguien tiene que ayudarles, protegerles y procurar que se respeten sus derechos».

Ha señalado que quiere que «las dos lenguas tengan el mismo trato; que nadie sea discriminado por razón de la lengua que habla y que puedan acceder a los contratos que ofertan los ayuntamientos hablen la lengua que hablen y que todos estén en igualdad de condiciones».

El presidente español ha insistido que «eso es también lo que quiere el delegado del Gobierno, que no cuestiona, ni tampoco el Ejecutivo, que el euskera sea la lengua propia del País Vasco, ni que la usen sus ciudadanos o instituciones», pero «pide exactamente lo mismo para el castellano».

Tras insistir en que «hay ayuntamientos que están vulnerando la ley», ha agregado que la Comisión Europea «está detrás de este asunto» y puede abrir un expediente informativo.