Nadie más volverá a perder un ojo –o la vida– a causa de una bala de goma en Catalunya. Así de tajante permite ser la prohibición que a partir de mañana entrará en vigor y que hará desaparecer de los arsenales de los Mossos d'Esquadra las escopetas y proyectiles de caucho que en los últimos cinco años han dejado sin ojo a siete personas solo en Catalunya y que desde la denominada transición han causado la muerte de nueve personas en el Estado español, la última de ellas el joven de Basauri Iñigo Cabacas, a manos de la Ertzaintza.

La prohibición, aprobada el pasado 18 de diciembre en el Parlament, fue la culminación de un largo ciclo de movilizaciones ciudadanas contra el empleo de este armamento. Una demanda asumida por buena parte de la clase política al inicio de la actual legislatura. No fue casual, ya que fue en plena campaña electoral catalana, en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, cuando Ester Quintana, que participaba en una movilización, fue alcanzada en un ojo por una bala de goma en el Eixample barcelonés.

Fue esta fatal desgracia, y sobre todo las contradictorias versiones oficiales acerca del caso, las que pusieron en primer plano el uso de las balas de goma. Los testimonios y vídeos registrados por ciudadanos y publicados por medios como ‘La Directa’ fueron tumbando una a una las diferentes versiones ofrecidas por el Departamento de Interior, cuyo responsable entonces, Felip Puig, fue vuelto a poner en cuestión. E igual que él, el director general de los Mossos, Manel Prat.

No era la primera ocasión en la que ocurría algo así, ya que Catalunya había vivido en fechas recientes un importante ciclo de movilizaciones y represión de los movimientos sociales, con momentos álgidos como el desalojo de plaza Catalunya del 27 de mayo de 2011 –más de 100 heridos por los antidisturbios–, el posterior intento de bloqueo del Parlament del 15 de junio o la sonada huelga del 29 de marzo de 2012, que se saldó con más de 100 detenidos y una espiral represiva que incluyó la hoy olvidada página web con las fotografías de supuestos sospechosos. Era la época de Puig al mando, quien cumplió a rajatabla su amenaza de ir «hasta donde permite la ley y un poco más allá» para mantener el orden público.

Volviendo a noviembre de 2012, Interior trató entonces de salvar la situación con la renuncia del jefe de la Brigada Móvil de los Mossos, Sergi Pla, pero la bola de nieve había comenzado a circular. Plataformas que ya llevaban tiempo trabajando, como Stop Bales de Goma, y campañas como Ojo con tu ojo fueron capaces de visibilizar el rechazo social a los proyectiles de caucho y a su uso por parte de los Mossos. Al mismo tiempo, el Parlament surgido de las elecciones del 25 de noviembre de 2012 aprobó crear una comisión de nombre interminable –‘Comisión de estudio de los modelos de seguridad y orden público y del uso de material antidisturbios en acontecimientos de masas‘–, popular y lógicamente bautizada posteriormente como la comisión de las balas de goma.

Idas y venidas de la comisión

El complicado nombre de la comisión no fue tampoco casual, ya que desde el primer momento quedó patente el esfuerzo de los mandos de los Mossos y de la conselleria de Interior –ahora bajo el mando de Ramon Espadaler– de impedir que los trabajos de ese foro condujesen al Parlament a prohibir las balas de goma. Sin embargo, más allá de las intervenciones de los sindicatos policiales y cargos vinculados a Interior, la mayoría de testimonios que participaron en la comisión –desde personal sanitario a víctimas como la propia Quintanta– acreditaron la peligrosidad y la aleatoriedad de los proyectiles de caucho.

Dicho brevemente, la comisión permitió trasladar al Parlament un rechazo que socialmente existía desde hacía tiempo. Así lo admitió en sus conclusiones, acordadas el 8 de noviembre de 2013: «El uso de balas de goma no reviste de ninguna aceptación ni consenso social, sino todo lo contrario: el grado de consciencia colectiva sobre sus efectos lesivos y fatales es socialmente hegemónico. Un país no puede jugar a la ruleta rusa con sus ciudadanos y el amplio rechazo y oposición que genera debería ser suficiente razón democrática para prohibir su uso».

Pese a la contundencia, cabe recordar que la prohibición no estuvo clara hasta el último momento, ya que los mandos policiales no vieron en ningún momento con buenos ojos dicha decisión y CiU trataba de buscar soluciones intermedias. Hablamos de noviembre de 2013, justo un mes después de la muerte de Juan Andrés Benítez durante una detención de los Mossos d'Esquadra. El hecho volvió a poner en el centro de la polémica al director de los Mossos, que se mantenía en el cargo gracias al apoyo de ERC. Ante las dudas de CiU, Esquerra decidió lanzar un ultimátum y advirtió al Govern de que si CiU no apoyaba la prohibición de las balas de goma pediría la dimisión de Prat junto a la oposición.

Impunidad y nuevas armas antidisturbios

Pese al apoyo verbal ofrecido por todos los diputados en las comparecencia de víctimas de las balas de goma –y las disculpas ofrecidas el lunes por el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a las víctimas de actuaciones policiales–, el capítulo de la reparación y la asunción de responsabilidades sigue siendo una asignatura pendiente, ya que la inmensa mayoría de casos acaba siendo archivado debido a la negativa de los Mossos a identificar al lanzador de la bala de goma.

Algo que no impide que la justicia siga teniendo imputados a una treintena de mossos –dos por el caso de Quintana, once por las lesiones a un joven que perdió el bazo en la huelga del 29 de marzo de 2012 y otros 14 por las lesiones a otro joven que perdió un ojo el mismo día–.

Capítulo aparte requiere también el futuro de la Brigada Móvil de la Policía catalana sin los proyectiles de caucho. Aunque el Parlament les instó a elaborar un nuevo protocolo de actuación, lo cierto es que hasta ahora los Mossos se han limitado improvisar nuevas medidas. Eso sí, se han dotado de nuevo armamento, que consta sobre todo de las lanzadoras de proyectiles de foam, de las que el cuerpo policial ya tenía una docena y ahora tiene más de 100 –se trata del mismo arma que la Ertzaintza probó tras la muerte de Cabacas–. También ha despertado expectación la adquisición de dos cañones de sonido LRDA, uno de los cuales ha sido utilizado como mínimo en tres ocasiones, sin que se hayan derivado consecuencias reseñables.